
En la foto: Stephanie Figueroa Figueroa (ella), Directora Ejecutiva, Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico
En un país donde la violencia de género ha cobrado cientos de vidas, existe una víctima silenciosa que permanece invisibilizada: la niñeces, adolescencias y juventudes que sobreviven al feminicidio de sus madres. Así lo reveló el más reciente informe del Observatorio de Equidad de Género, una organización sin fines de lucro dedicada a visibilizar y documentar las múltiples violencias que enfrentan mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico.
Este estudio, co-liderado por Stephanie Figueroa y Debora Upegui, directora ejecutiva y analista del Observatorio, respectivamente, no sólo visibiliza la magnitud del problema de los feminicidios en la isla, sino que también cuestiona la falta de responsabilidad del Estado ante la orfandad provocada por estos crímenes. Desde nuestra fundación en 2019, tras el paso de los huracanes Irma y María, en el Observatorio hemos sido pioneros en el monitoreo mensual de feminicidios, intentos de feminicidio, desapariciones y crímenes de odio.
«Nos percatamos de que en Puerto Rico no se levantan datos de menores que sobreviven al feminicidio de sus madres, y el Estado no ha asumido una responsabilidad reparadora con estas poblaciones”, alertó Figueroa durante la presentación del informe en la Asamblea Anual 2025: Investigación Feminista para el Cambio Sistémico celebrada el pasado mes de agosto.
Desde 2019 hasta el presente, hemos contabilizado 455 mujeres víctimas de feminicidios, de las cuales 125 eran madres y al menos 83 tenían hijes menores de edad. Esto implica que al menos 156 menores han quedado en estado de orfandad, sin que exista un registro oficial ni un protocolo de atención integral.
Entre los datos recopilados en nuestro Observatorio, encontramos que en 42 feminicidios íntimos procesados judicialmente en el país, el 30% de les hijes de las víctimas estaban presentes en la escena del crimen y el 10% encontraron los cuerpos de sus madres. A pesar de la gravedad del trauma que enfrentan, el Estado carece de un sistema robusto y universal para registrar y atender a estas niñeces. Hasta el momento, no existen investigaciones cualitativas que recojan las voces de esos niñes que sobreviven a la violencia.
El informe también evidenció que en Puerto Rico no existe una política pública de reparación para las víctimas indirectas del feminicidio, a diferencia de países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, donde sí existen mecanismos legales y económicos para atender estas situaciones.
La ausencia de un enfoque interseccional y de protocolos específicos, la falta de datos y de política pública para atender a esta población deja a cientos de menores desamparados en múltiples niveles: emocional, económico, educativo y social, al tiempo que perpetúa un ciclo de abandono y revictimización.
Y ante la falla del sistema, desde el Observatorio hemos iniciado una nueva fase investigativa titulada “Voces Silenciadas: repercusiones de la muerte violenta de madres en la niñez y juventud en Puerto Rico”. El estudio combinará métodos cuantitativos y cualitativos para documentar no solo las estadísticas, sino también las historias de vida, el impacto psicosocial y el bienestar a largo plazo de esta niñez. Esta nueva etapa busca incidir en la creación de servicios sensibles al trauma, protocolos de atención informados y una política pública de reparación que reconozca y atienda de forma integral las consecuencias del feminicidio en las infancias.
El informe del Observatorio de Equidad de Género es un llamado al Estado a asumir su responsabilidad, puesto que tenemos una deuda histórica con la niñez huérfana por feminicidio.
La presentación de Stephanie Figueroa comienza en el minuto 47:49.
La Fundación de Mujeres de Puerto Rico apoyó al Observatorio de Equidad de Género en esta investigación para la promoción de políticas públicas que atiendan a las hijas e hijos huérfanos víctimas de una madre fallecida a raíz de un feminicidio en la isla. A través de nuestro Fondo de Justicia Económica, apoyamos la sostenibilidad de organizaciones que sirven, acompañan y organizan a mujeres, niñas y comunidades LGBTQ+, mediante subvenciones operacionales y flexibles. Este fondo les permite invertir en su infraestructura administrativa, fortalecer su base organizativa y ejercer su labor con mayor autonomía, reconociendo que cuidar la estructura también es parte de construir justicia.
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