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Violencia de Género y Feminicidios

En la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, estamos comprometidas con la erradicación de la violencia de género (VG) en todas sus formas. La VG abarca violencia física, emocional, sexual y sistémica dirigida a personas en función de su identidad o expresión de género. Esto incluye a mujeres, mujeres trans, personas no binarias y personas de género expansivo que, debido a factores interseccionales como la raza, la clase y los legados coloniales, enfrentan una mayor vulnerabilidad.

La crisis en Puerto Rico

Puerto Rico atraviesa una crisis de violencia de género que llevó a la declaración de un Estado de Emergencia en 2021. En 2024, el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico reportó 82 feminicidios, lo que marca un aumento significativo en los asesinatos por razones de género en el archipiélago. Esto equivale a un feminicidio aproximadamente cada 4.5 días. Las armas de fuego legales se han convertido en el arma más común utilizada en estos crímenes.

La pandemia del COVID-19, junto con otros desastres naturales y provocados por el ser humano, ha agravado la situación, con un aumento del 83% en los incidentes de violencia doméstica durante los confinamientos. Además, el paso del huracán María en 2017 resultó en un doble decesos vinculados a la violencia doméstica, subrayando cómo los desastres naturales afectan desproporcionadamente a las mujeres y comunidades marginadas.

Retos sistémicos

A pesar de la declaración de emergencia de 2021 para combatir la violencia de género, muchas de las condiciones estructurales que la permiten siguen profundamente arraigadas. La declaración no fue un acto espontáneo del gobierno, sino el resultado de años de incansable lucha por parte de los movimientos feministas en Puerto Rico.

Organizaciones como la Colectiva Feminista en Construcción, el Observatorio de Equidad de Género y otras coaliciones comunitarias organizaron protestas, lanzaron campañas mediáticas y crearon sistemas independientes de recopilación de datos para visibilizar el alarmante aumento en los feminicidios y la inacción gubernamental. En 2020, estos grupos organizaron un Plantón Feminista permanente frente a La Fortaleza, la mansión del gobernador, exigiendo una respuesta oficial ante la crisis. Sus demandas incluyeron la declaración de emergencia, fondos para servicios a sobrevivientes y la creación de programas de prevención con un enfoque de justicia de género.

Aunque la declaración en enero de 2021 representó una victoria política y simbólica importante, activistas han advertido que su implementación ha sido insuficiente. Muchas de las medidas anunciadas—como la creación del Comité PARE y el desarrollo de campañas educativas—han sufrido de falta de fondos, coordinación deficiente y poca rendición de cuentas.

La subestimación de la VG sigue siendo un desafío clave. En gran parte se debe a la desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, históricamente ineficaces y poco sensibles. Muchas sobrevivientes—especialmente mujeres trans y personas no binarias—temen ser ignoradas, revictimizadas o culpadas al denunciar. Esta situación se agrava por la falta de personal capacitado en las agencias del orden público y la ausencia de servicios culturalmente competentes para personas LGBTQ+ y comunidades racializadas.

Además, la recolección de datos continúa siendo fragmentada e insuficiente. Antes de la creación del Observatorio de Equidad de Género en 2019, Puerto Rico no contaba con una fuente confiable ni centralizada de información sobre feminicidios o VG. Incluso hoy, los datos gubernamentales suelen omitir información crucial—como la identidad de género, edad o relación con el agresor—lo que dificulta identificar patrones, evaluar riesgos o distribuir recursos de manera eficaz. Las políticas públicas siguen basándose en datos incompletos y desactualizados, y la falta de desagregación por raza, clase o identidad de género invisibiliza las vulnerabilidades específicas de comunidades negras, pobres, rurales y cuir.

Frente a estas ausencias, las organizaciones feministas han intervenido. El Observatorio ha elaborado informes públicos detallados que no solo cuentan feminicidios, sino también documentan desapariciones y negligencias institucionales. Estos informes se han convertido en herramientas clave para activistas, periodistas y legisladores que abogan por políticas públicas más justas y sensibles.

Pero la responsabilidad de enfrentar la VG no debe recaer únicamente en la sociedad civil. El cambio duradero requiere inversión, voluntad política y la transformación de instituciones que, con demasiada frecuencia, perpetúan la misma violencia que deberían erradicar.

Abordar la Violencia de Género desde la raíz: Nuestro compromiso con la educación con perspectiva de género

En la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, creemos que erradicar la violencia de género requiere mucho más que atender casos individuales—requiere transformar los sistemas, las culturas y las instituciones que permiten su persistencia. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para lograrlo es la educación con perspectiva de género.

¿Qué es la educación con perspectiva de género?

La educación con perspectiva de género significa integrar una comprensión crítica de los roles de género, las dinámicas de poder y las desigualdades sociales en todo el proceso educativo. No se trata de una sola asignatura, sino de transformar la experiencia educativa en su totalidad para promover la igualdad, el respeto y la empatía.

Esto implica enseñar desde temprana edad que ningún género debe definir tus derechos, tu futuro o tu valor. Se desafían estereotipos que asocian el liderazgo con lo masculino, el cuidado con lo femenino y la violencia con el dominio. Se fomenta que niñas, niños y jóvenes cuestionen la desigualdad y comprendan las raíces históricas y estructurales de la violencia de género.

En Puerto Rico, organizaciones y educadoras feministas llevan décadas luchando por institucionalizar la educación con perspectiva de género como una herramienta esencial para la equidad y la prevención de la violencia. Desde los años 90, maestras, sindicatos y colectivos feministas han impulsado propuestas educativas que integren la equidad de género como eje transversal en los currículos escolares. Estas iniciativas han sido respaldadas por investigaciones que muestran su efectividad para reducir la violencia y promover el respeto a la diversidad.

Sin embargo, estas recomendaciones no se han traducido en política pública sostenida. La resistencia ha sido feroz, liderada por sectores conservadores y fundamentalistas religiosos. Una figura clave en esta oposición ha sido una portavoz líder del Proyecto Dignidad, quien ha impulsado activamente campañas de desinformación, alegando que la perspectiva de género «adoctrina» a menores y va en contra de los valores tradicionales. Su influencia ha sido determinante en frenar intentos de implementación, incluyendo presionar al Departamento de Educación para detener la capacitación de docentes en temas de equidad, diversidad y derechos humanos.

El resultado ha sido una política pública fragmentada y sin seguimiento. Aunque el Comité PARE presentó un currículo, sus propuestas han sido marginadas, y el Departamento de Educación ha evitado comprometerse con una implementación clara, estructurada y obligatoria de este enfoque. Lo que en otros países ha demostrado salvar vidas y transformar comunidades, en Puerto Rico ha sido saboteado por intereses político-religiosos que anteponen su ideología al bienestar colectivo.

Pese a estos obstáculos, organizaciones como Taller Salud, Proyecto Matria, la Colectiva Feminista en Construcción y educadoras comprometidas siguen trabajando en espacios comunitarios, escuelas públicas, universidades y plataformas digitales para promover una educación que enseñe a cuestionar los estereotipos, prevenir la violencia y construir un país más justo desde las aulas. La demanda persiste: sin educación con perspectiva de género, no hay prevención real de la violencia.

Nuestro compromiso

En la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, promovemos con orgullo la educación con perspectiva de género. Respaldamos la integración de una perspectiva feminista e interseccional en todos los niveles del sistema educativo, no solo como medida preventiva frente a la violencia, sino como base para una sociedad más equitativa.

Hacemos un llamado a instituciones públicas, docentes, cuidadores y líderes comunitarios a sumarse a este esfuerzo. El cambio cultural comienza en las aulas. Una sociedad que enseña igualdad desde el primer día construye comunidades más seguras, sanas y justas para todas las personas.

¿Por qué es esencial erradicar la violencia de género para construir una sociedad justa y próspera?

Es una violación de derechos fundamentales. Niega a las personas—especialmente mujeres, niñas, personas trans y de género diverso—su derecho a vivir sin miedo, coerción ni daño. Ninguna sociedad puede considerarse justa o democrática si tolera la violencia por motivos de género
Las personas sobrevivientes enfrentan secuelas físicas y mentales de largo plazo, como trauma, depresión, enfermedades crónicas y complicaciones reproductivas. Esto impacta a los individuos, sobrecarga los sistemas de salud y debilita la salud colectiva de las comunidades.
La VG es un gran obstáculo para la equidad y el desarrollo económico. Muchas sobrevivientes faltan al trabajo, lo pierden o son excluidas de oportunidades por la violencia o falta de seguridad. A nivel global, el costo económico de la VG asciende a billones de dólares. En Puerto Rico, donde la pobreza afecta desproporcionadamente a mujeres y madres solteras, la VG agrava las desigualdades existentes.
Cuando niñas y jóvenes enfrentan violencia o acoso en las escuelas, su desempeño se ve afectado o abandonan por completo. Estudiantes LGBTQ+ también enfrentan acoso que perjudica su aprendizaje. Erradicar la VG es clave para asegurar ambientes seguros de aprendizaje.
Si las personas no confían en la policía, los tribunales o las instituciones para protegerlas, se erosiona la legitimidad del sistema de justicia. Esta desconfianza refuerza la impunidad y la marginación. Sin justicia, no hay paz sostenible ni gobernanza inclusiva.
La ONU ha reconocido que erradicar la VG es central para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 5 sobre Igualdad de Género. Sin enfrentar esta violencia, los esfuerzos por erradicar la pobreza, mejorar la salud, garantizar la educación y promover el crecimiento económico seguirán siendo insuficientes.
Al prevenir la VG, fomentamos entornos basados en el cuidado, el respeto mutuo y la justicia. Creamos hogares, escuelas y espacios públicos más seguros. Liberamos el potencial de mujeres, niñas y personas de género diverso para liderar, innovar y transformar la sociedad. En resumen, atender la VG es esencial para crear el Puerto Rico—y el mundo—que merecemos.

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Apostamos por el liderazgo de mujeres y personas género-diversas como protagonistas de transformación social. Desde la Fundación, impulsamos espacios donde sus voces, experiencias y propuestas estén en el centro de la toma de decisiones, incidiendo en políticas, imaginarios y estructuras que perpetúan la desigualdad.
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