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Justicia Reproductiva
Justicia Reproductiva en Puerto Rico
La justicia reproductiva es un marco interseccional que combina los derechos reproductivos con la justicia social, abordando las múltiples opresiones que afectan a las comunidades marginadas. El término fue acuñado en 1994 por activistas negras en Estados Unidos, quienes buscaban una perspectiva más inclusiva que considerara factores como raza, clase, género y orientación sexual en las decisiones reproductivas.
Además, han surgido centros antiaborto no regulados, conocidos como «crisis pregnancy centers», que se presentan como clínicas legítimas pero buscan disuadir a las personas de interrumpir sus embarazos. En Puerto Rico operan al menos tres de estos centros.
El acceso al mismo se ha visto restringido también por diversas medidas legislativas. En 2025, se aprobó el Proyecto 297, que regula el aborto en menores de 15 años, exigiendo el consentimiento de los padres y la recopilación de datos personales, lo que ha sido criticado por activistas como una forma de criminalizar el derecho a decidir. Además, la influencia de grupos fundamentalistas ha intensificado los ataques al derecho al aborto, generando un clima de incertidumbre y miedo entre las personas gestantes.
Este fondo apoya actividades y esfuerzos educativos que ofrecen a la población información y recursos para ejercer sus derechos reproductivos, especialmente en comunidades marginadas. Al fortalecer organizaciones que luchan por el derecho a decidir y el acceso equitativo a servicios de salud, el fondo busca construir una cultura de responsabilidad basada en la diversidad, la autonomía y relaciones justas libres de violencia.
La justicia reproductiva en Puerto Rico enfrenta múltiples desafíos, desde el acceso limitado a servicios de salud hasta la violencia obstétrica y las restricciones al aborto. Sin embargo, iniciativas como el Fondo de Justicia Reproductiva representan pasos significativos hacia la equidad y el respeto de los derechos reproductivos de todas las personas.
Maternidades y acceso al cuidado perinatal en Puerto Rico
En Puerto Rico, el acceso al cuidado perinatal enfrenta desafíos significativos. El cierre continuo de salas de parto y la reducción en la cantidad de obstetras han puesto en riesgo la atención de personas gestantes, comprometiendo la calidad del cuidado prenatal y postnatal. Además, menos de 30 hospitales están preparados para atender nacimientos prematuros, lo que representa un problema crítico de salud pública.Violencia obstétrica
La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que se manifiesta en el trato deshumanizado y la medicalización injustificada durante el embarazo y el parto. En Puerto Rico, la tasa de cesáreas alcanzó un 50.5% en 2022, superando ampliamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere una tasa entre el 10% y el 15% . Este aumento se atribuye a prácticas médicas que priorizan la intervención quirúrgica sin justificación médica adecuada.Acceso al aborto y ataques fundamentalistas
El aborto sigue siendo legal en Puerto Rico sin restricciones gestacionales específicas. Sin embargo, el acceso es limitado: actualmente existen cuatro clínicas que ofrecen servicios de aborto, tres de ellas ubicadas en San Juan y una en Bayamón. Esta concentración geográfica dificulta el acceso para personas en otras regiones del archipiélago.Además, han surgido centros antiaborto no regulados, conocidos como «crisis pregnancy centers», que se presentan como clínicas legítimas pero buscan disuadir a las personas de interrumpir sus embarazos. En Puerto Rico operan al menos tres de estos centros.
El acceso al mismo se ha visto restringido también por diversas medidas legislativas. En 2025, se aprobó el Proyecto 297, que regula el aborto en menores de 15 años, exigiendo el consentimiento de los padres y la recopilación de datos personales, lo que ha sido criticado por activistas como una forma de criminalizar el derecho a decidir. Además, la influencia de grupos fundamentalistas ha intensificado los ataques al derecho al aborto, generando un clima de incertidumbre y miedo entre las personas gestantes.
Nuestra Respuesta: Fondo de Justicia Reproductiva
La justicia reproductiva abarca más que el derecho al aborto; incluye el acceso equitativo a servicios de salud, educación sexual integral y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre la reproducción. En este contexto, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico ha establecido el Fondo de Justicia Reproductiva, el primer fondo en la isla dedicado a promover la salud sexual y reproductiva a través de estrategias educativas en comunidades afectadas por la inaccesibilidad y la violencia en torno al acceso a servicios médicos.Este fondo apoya actividades y esfuerzos educativos que ofrecen a la población información y recursos para ejercer sus derechos reproductivos, especialmente en comunidades marginadas. Al fortalecer organizaciones que luchan por el derecho a decidir y el acceso equitativo a servicios de salud, el fondo busca construir una cultura de responsabilidad basada en la diversidad, la autonomía y relaciones justas libres de violencia.
La justicia reproductiva en Puerto Rico enfrenta múltiples desafíos, desde el acceso limitado a servicios de salud hasta la violencia obstétrica y las restricciones al aborto. Sin embargo, iniciativas como el Fondo de Justicia Reproductiva representan pasos significativos hacia la equidad y el respeto de los derechos reproductivos de todas las personas.
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