La justicia reproductiva es un marco político y de derechos humanos que articula el derecho a tener hijes, a no tenerlos, y a criarles en entornos seguros, sostenibles y con dignidad. Este enfoque reconoce que las decisiones reproductivas están profundamente atravesadas por el contexto social, económico, político y ambiental en que viven las personas. A diferencia de las luchas centradas únicamente en el acceso al aborto o la anticoncepción, la justicia reproductiva mira de manera integral la autonomía corporal y la salud sexual y reproductiva como parte del bienestar colectivo.
Este marco fue desarrollado en los años noventa por feministas negras en los Estados Unidos, incluyendo organizaciones como SisterSong, como respuesta a un movimiento feminista dominante que no tomaba en cuenta cómo el racismo, la pobreza, la migración y otras formas de opresión limitaban el acceso real a derechos sexuales y reproductivos para mujeres y personas de comunidades históricamente marginadas. La justicia reproductiva, entonces, no se trata solo de acceso, sino de equidad estructural.
El Fondo de Justicia Reproductiva, creado en 2023, fue el primero de su clase en Puerto Rico. Nace de la urgencia de acompañar a comunidades que enfrentan persecución, violencia institucional e inaccesibilidad médica en torno a sus derechos sexuales y reproductivos en Puerto Rico.
A través de este fondo, apoyamos iniciativas de educación popular feminista como estrategia de defensa, sanación y transformación social. Sostenemos espacios de encuentro, formación y denuncia que equipan a las personas con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre su salud, reclamar sus derechos, e incidir en políticas públicas que impactan sus cuerpos y vidas.
Creemos en la educación como una herramienta de poder. Por eso apostamos a organizaciones comunitarias que integran saberes ancestrales, lenguaje accesible y prácticas pedagógicas de base para crear comunidades informadas, organizadas y resilientes.
La educación popular es un proceso pedagógico que parte de la realidad concreta de las personas, promoviendo el análisis crítico, la reflexión colectiva y la acción transformadora. Sostenida por décadas de práctica feminista en América Latina y el Caribe, esta forma de educación rompe con la verticalidad y promueve el conocimiento situado, colectivo y emancipador.
Aplicada a la justicia reproductiva, la educación popular permite desmitificar la salud sexual, cuestionar el poder médico, denunciar violencias institucionales y crear redes de cuidado y conocimiento colectivo. En un país como Puerto Rico, donde muchas personas no tienen acceso adecuado a servicios de salud, y donde persisten estigmas culturales, religiosos y coloniales sobre los cuerpos y la sexualidad, la educación popular se vuelve una herramienta vital para el cambio.
Hablar de justicia reproductiva en Puerto Rico implica reconocer una historia larga y dolorosa de violencias reproductivas ejercidas principalmente sobre mujeres pobres y racializadas. Entre los años 1930 y 1970, aproximadamente una de cada tres mujeres puertorriqueñas fue esterilizada sin consentimiento informado como parte de políticas coloniales de control poblacional promovidas por el gobierno de Estados Unidos.
Estas prácticas fueron acompañadas por experimentos médicos no éticos, como los ensayos clínicos de las primeras píldoras anticonceptivas realizados en Puerto Rico sin garantizar la seguridad ni el consentimiento pleno de las mujeres participantes.
Hoy, aunque las esterilizaciones forzadas ya no son política oficial, nuevas formas de violencia reproductiva persisten, como la violencia obstétrica, que incluye la falta de consentimiento en intervenciones médicas, la infantilización de las pacientes, y el trato discriminatorio basado en raza, estatus migratorio o identidad de género.
La salud materna en Puerto Rico atraviesa una crisis silenciosa pero profunda. A pesar de los avances médicos, las personas gestantes enfrentan un sistema de salud que muchas veces prioriza la eficiencia hospitalaria y los intereses económicos por encima del bienestar físico, emocional y espiritual de quienes dan a luz.
Un ejemplo alarmante es la tasa de cesáreas, que en Puerto Rico supera el 49%, posicionando a la isla entre los territorios con mayores índices a nivel mundial. Esta cifra duplica el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud (10–15%) e incluso alcanza más del 60% en hospitales privados. Este exceso no se justifica por necesidades médicas, sino que responde a una combinación de factores estructurales: la medicalización excesiva del parto, la falta de acceso a parteras y doulas, y un sistema de salud profundamente jerárquico, patriarcal y racista.
Pero el problema va más allá de las cesáreas. La violencia obstétrica—que incluye prácticas como intervenciones sin consentimiento, lenguaje humillante, negación del acompañamiento durante el parto, o la infantilización de las pacientes—es una realidad persistente en Puerto Rico. Estas prácticas vulneran la autonomía corporal, aumentan el trauma perinatal y perpetúan desigualdades que afectan especialmente a mujeres negras, pobres, jóvenes y migrantes.
Frente a este panorama, urge repensar la salud materna desde un enfoque de justicia reproductiva y dignidad humana. Apostamos a modelos de atención que reconozcan los saberes de las gestantes, integren prácticas respetuosas con los cuerpos y los procesos fisiológicos del parto, y garanticen el acceso a recursos como doulas, parteras certificadas y redes de apoyo comunitario.
Transformar la salud materna en Puerto Rico es una prioridad feminista: significa devolver poder a quienes dan vida, reconocer la maternidad como una experiencia que merece cuidado, respeto y decisión, y construir un sistema que priorice la salud y el bienestar por encima del control y la ganancia.
A través del Fondo de Justicia Reproductiva, invertimos en organizaciones comunitarias que promueven la soberanía corporal, el acceso informado y la sanación colectiva como pilares para una sociedad verdaderamente equitativa. Apostamos a la educación popular feminista porque creemos en su poder transformador: cuando una comunidad conoce su historia, sus derechos y sus posibilidades, se convierte en protagonista de su propio destino.
La justicia reproductiva no es un sueño lejano: es una práctica cotidiana de resistencia, cuidado y organización colectiva. Y necesitamos a muchas más personas para seguir tejiéndola.
Únete a este esfuerzo. Ya sea desde tu comunidad, tu organización, tu campo profesional o tu experiencia vivida, tu voz y tu acción pueden ayudar a garantizar que en Puerto Rico todas las personas tengan el poder de decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y sus maternidades en libertad y con dignidad.
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